Introducción
La región de América Latina y el Caribe comprende uno de los corredores migratorios continentales más extensos y diversos a nivel mundial, al mismo tiempo que presenta los índices de desigualdad más elevados. La cuestión de la movilidad humana a lo largo del continente obedece a causas estructurales, entre las cuales, junto a la violencia social y política generalizada, destacan los modelos de desarrollo excluyentes que desplazan a comunidades que al no poder vivir en condiciones dignas, se ven obligadas a migrar. Nuestra región es testigo de las migraciones intrarregionales y entre comunidades transnacionales y transfronterizas, de tránsito y asentamiento de poblaciones migrantes provenientes de países de África y Asia, así como de deportación, rechazo, retorno forzado y retorno voluntario.
Las violencias en todo el proceso migratorio y la ausencia del Estado como garante de derechos generan nuevos desplazamientos y efectos, como lo es el caso de las familias en búsqueda de personas migrantes desaparecidas o víctimas de homicidio, que para exigir y acceder a la justicia se ven forzadas a migrar. Así mismo, la criminalización de la población en contextos de movilidad y la militarización de nuestros territorios, restringen cada vez más la movilidad humana en Latinoamérica y el Caribe. Los riesgos y la creciente violencia contra migrantes durante su trayecto ocurren en mayor escala, brutalidad y barbarie en la región que comprenden El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos. Una tragedia constante son las situaciones por las que atraviesan las personas migrantes y sujetas de protección internacional que son víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos debido a distintos atropellos tales como el robo, la extorsión, el secuestro, la tortura, la trata de personas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales y homicidios en su tránsito por México y en Estados Unidos, cometidas muchas veces por grupos del crimen organizado coludidos con el gobierno.
Ejemplo de ello es la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando en Tamaulipas, México, en agosto de 2010. Este, como otros episodios similares, a pesar de haber sido denunciados por diversas organizaciones internacionales y organismos regionales, continúa en completa impunidad. Preocupa que lo que en algún momento fue una buena práctica en Centroamérica, como el acuerdo regional CA-4 para la libre movilidad de las personas entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que ha tenido un considerable retroceso ya que Nicaragua ha incluido nuevos requisitos limitando el ingreso de personas de los otros 3 países vecinos integrantes del acuerdo.
Así mismo, en El Caribe se observan expulsiones colectivas4 de migrantes y la aplicación de políticas
públicas discriminatorias y excluyentes, que han orillado a población migrante residente en República
Dominicana, así como a personas dominicanas de ascendencia haitiana, a la apatridia, o se encuentran en
riesgo de ésta. La falta de ratificación y adhesión de los países del Caribe a convenciones internacionales
como la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), la ausencia de legislación
nacional adecuada y de políticas migratorias integrales, dificulta la garantía de derechos a personas
necesitadas de protección internacional. Adicionalmente, los factores medioambientales relacionados con el
cambio climático y desastres naturales caracterizan las migraciones forzadas y desplazamientos internos de
los países de la región.
La región sudamericana ha mostrado una postura en miras hacia la integración regional y la perspectiva de
derechos humanos, sin embargo, comienzan a observarse políticas migratorias regresivas que afectan la
movilidad de forma negativa, como el caso de Argentina con las modificaciones recientes a la Ley de
Nacional de Migraciones por la vía del decreto y el caso de Chile donde se equiparan las infracciones a la
legislación migratoria con un delito.
La migración desde la región convoca a pensar políticas y acciones transnacionales y extracontinentales,
partiendo de un enfoque multidimensional, más allá de intereses gubernamentales y empresariales que
producen mano de obra explotada y acciones basadas en políticas sociodemográficas instrumentalistas con
el fin de rejuvenecer la población económicamente activa, contar con nuevas fuentes de divisas y disminuir
la presión social.
Las políticas migratorias basadas en el control, detección, detención y deportación de las personas
migrantes, diseñadas desde una perspectiva de seguridad nacional y que comprende la externalización de las
fronteras basadas en la militarización como mecanismo de contención, han generado además de violaciones
a los derechos humanos, un aumento de la corrupción y colusión de autoridades, así como la criminalización
de las personas migrantes y el fomento de la xenofobia en las poblaciones locales. Esta política acompañada
de inversión económica y proyectos de desarrollo ineficaces no corresponde a la realidad de la región y está
dirigida a desalentar y contener la migración.
Debido a las estructuras patriarcales al interior de las sociedades e instituciones en América Latina, las
personas con identidades sexuales diversas (LGBTTTIQ y las mujeres en las migraciones, se enfrentan a
mayores situaciones de violencias, discriminaciones y en menoscabo de sus derechos humanos por
cuestiones de género, lo que afecta sus condiciones en la migración, el acceso a sus derechos en términos de
inclusión y de acceso a mecanismos de protección internacional.
La falta de voluntad política e incapacidad de los gobiernos para responder a las necesidades de protección
de los niños, niñas y adolescentes (acompañados y no acompañados) migrantes, personas sujetas de
protección internacional 6 y desplazadas internas, se ve reflejada en situaciones como la privación de su
libertad en centros de detención migratoria, su criminalización, así como la ruptura de las diversas unidades
familiares, contrario a lo que dictan las leyes nacionales y estándares internacionales que velan por el respeto
al principio del interés superior de la niñez, el principio pro persona, y a la no devolución y los compromisos con los derechos humanos, el derecho a la igualdad, la inclusión y no discriminación y al Buen Vivir como modelo de desarrollo propio y originario de la región.
Finalmente, la situación de inseguridad, riesgo y desprotección de las personas defensoras de los derechos de
la población migrante, migrantes, sujetas de protección internacional y desplazadas, se acentúa debido a la
persecución no sólo por parte del crimen organizado, sino también por agentes estatales y privados.
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